Perú: el caso Majaz


En 2001, Monterrico Metals plc., adquirió 8 concesiones mineras en Perú. Una de estas concesiones concierne al proyecto Río Blanco en el norte de Perú. Con este proyecto, la compañía planea abrir una de las más grandes minas a cielo abierto de Perú y así iniciar un distrito minero más grande en la Alta Amazona, lo que tendrá un grave impacto en el plano socio-económico y ecológico.

La mina está planeada en la región de las comunidades campesinas Yanta y Segunda y Cajas. El proyecto hará imposible la agricultura en la periferia extendida de la mina, lo que daña muchas comunidades que dependen de la agricultura para su sustento. Por un lado, la calidad y la cantidad de la provisión de agua en la región regresarán de manera irreversible visto que tal proyecto minero conlleva un consumo excesivo de agua. Por otro lado, la explotación de cobre en una mina a cielo abierto es un proceso gravemente contaminador para el aire, el agua y el suelo. Todo esto daña la salud del ser humano, el ganado y el cultivo y hace imposible la agricultura.

Además de las comunidades campesinas, el ecosistema local también está amenazado gravemente. El sitio minero está situado en las frágiles selvas de neblina, cerca de los páramos. Estos ecosistemas únicos son muy importantes para la provisión local de agua. Además, se caracterizan por una biodiversidad excepcional y forman el hábitat de especies endémicas de flora y fauna.

Desde 2002, el proyecto minero es fuente de conflictos sociales en la región. Nunca Monterrico Metals ha informado ni consultado a las comunidades sobre las actividades planeadas. Diversas organizaciones campesinas, ONGs, organizaciones eclesiásticas y otras asociaciones de base han organizado. En 2004 y 2005, miles de habitantes participaron en acciones pacíficas de protesta que conllevaron dos muertos y muchos heridos a causa de las represiones violentas de la policía y de los servicios de seguridad de la compañía minera. La prensa nacional y regional toma partido por Monterrico Metals y acusa a líderes campesinos y periodistas críticos de narcotraficantes y terroristas.

En septiembre 2007, se organizó un referéndum popular en el que el 95% de la población votó en contra del projecto minero. Sin embargo, Monterrico ya declaró que no lo tomaría en cuenta. Es el gobierno peruano el que decidirá finalmente si la mina se hará realidad o no.